La administración de Javier Milei inició una demanda judicial contra la decisión de la Provincia de que unos 20 mil empleados de distintas empresas como ABSA y Aubasa, dejen de aportar al Anses y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS).
La provincia quiere que los empleados de las empresas privadas con capital mayoritario provincial realicen aportes al organismo previsional de la Provincia.
Sólo para tomar dimensión del impacto de la medida, en Aubasa trabajan alrededor de 1.500 operarios. En tanto, ABSA engloba a alrededor de 2.200.
Javier Milei fue a la Justicia para que se ordene dar marcha atrás con el mencionado artículo del Presupuesto aprobado por la Legislatura.
La Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Sostiene que la medida invade competencias federales, desfinancia a la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios. Además, pidió una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que haya una sentencia definitiva.
Inconstitucionalidad
El Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro y en representación del Ministerio de Capital Humano y de la Anses, presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS. El objetivo es que se declare inválido el artículo 59 de la ley provincial 15.557, incorporado al Presupuesto bonaerense 2026, por considerar que vulnera la Constitución Nacional y la legislación previsional vigente.
En paralelo, el Gobierno solicitó una medida cautelar para que la norma quede suspendida mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión, al considerar que su aplicación produciría consecuencias de difícil reparación.
Uno de los ejes centrales de la demanda es el eventual perjuicio económico para la Anses. Según el Estado nacional, si miles de trabajadores dejan de aportar al SIPA, el organismo perderá recursos, aunque seguirá obligado a financiar prestaciones previsionales y otros beneficios de la seguridad social.
También advierten que el cambio podría generar incertidumbre sobre futuras jubilaciones, liquidaciones de haberes y registraciones previsionales, además de afectar la estabilidad del sistema de reparto nacional.
Con esos antecedentes, la Nación solicita que la Corte vuelva a pronunciarse y declare la invalidez de la reforma impulsada por la Provincia.
Mientras se resuelve el fondo del litigio, el Estado nacional insiste en que la aplicación de la ley quede suspendida para evitar el traspaso de aportes y preservar el funcionamiento del sistema previsional administrado por la ANSES.
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